* Al inaugurar Primera Jornada Nacional de Derechos Humanos, el presidente del IAP Chiapas aseguró que los organismos defensores se enfrentan cotidianamente a reclamos por graves violaciones a los derechos básicos y a pesar de los grandes avances, aún hay desafíos que atender.
Dorian Scott/ Acosur.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 10 de noviembre. Al inaugurar la Primera Jornada Nacional de Derechos Humanos, acciones que impulsan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), Escuela de Gobierno y Administración, Amador Rodríguez Lozano, destacó que, pese a los avances en la defensa de los derechos básicos de las personas, aún persisten importantes desafíos que es necesario atender.
Rodríguez Lozano explicó que los organismos y grupos de la sociedad civil dedicados a la protección de los derechos humanos se enfrentan cotidianamente a reclamos de procuración de justicia, el uso de la tortura como mecanismo para obtener una declaración, violación del domicilio, hospitales que no respetan a sus derechohabientes, hacinamiento en las prisiones, problemas de dignidad y respeto en los centros infantiles, entre otras graves violaciones.
“Los derechos humanos son la expresión más clara de la libertad de los seres humanos, son la tutela de este espacio personal de libertad que las autoridades están obligadas a respetar, pero esto que parece tan sencillo no lo es”, expresó.
En representación del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, el coordinador del Plan Estatal de Gobierno 2018-2014, José Antonio Molina Farro, afirmó que los derechos humanos tendrán una prioridad enorme en el próximo gobierno estatal, muestra de ello es que para la elaboración del documento rector de la siguiente administración se tomaron en cuenta las demandas más sentidas de la ciudadanía.
Tras ofrecer una amplia exposición sobre los mecanismos de protección a cargo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, expresidente dicho organismo e investigador de la UNAM, destacó la necesidad de que todas las autoridades federales, estatales y municipales se apliquen en observar los estándares interamericanos como un piso mínimo de protección pues, aunque la mayoría de las veces los Estados democráticos establecen medidas más altas, hay casos en que no se cumplen.
“Cuando no se respeta ni siquiera ese mínimo es donde, una vez agotadas las instancias nacionales y con el carácter subsidiario y complementario, la CIDH tiene la oportunidad de participar e intervenir para salvaguardar los derechos humanos y la dignidad humana, que es el eje rector, valor fundamental y principio toral de todo estado constitucional democrático de derecho y del propio sistema interamericano de derechos humanos”, agregó.
En su conferencia magistral “Derecho a la educación en el marco de la diversidad cultural y lingüística de México”, la directora de Educación Media Superior y Superior de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), Lourdes Casillas Muñoz, resaltó que la educación que se apega a los principios de la filosofía intercultural es crucial en el avance hacia un país más equitativo.
“La educación basada en la filosofía intercultural se acoge al enfoque de los Derechos Humanos, reconociendo a la educación incluyente y respetuosa de todas las culturas como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Esta orientación permitirá proyectar la construcción de un país unido en la diversidad, con una visión pluralista, democrática e incluyente”, aseguró.
Genoveva Roldán Dávila, presidenta de la organización Sin Fronteras, impartió la conferencia magistral “Migración y desarrollo: ¿y los derechos humanos?” en la cual afirmó que las causas de la migración no sólo tienen que ver con las condiciones de los países de origen sino también con las de los países destino, pues son dos caras de una misma moneda.
Finalmente, explicó que los principales problemas que enfrenta población extranjera en México, ya sean migrantes en tránsito o indocumentados son: violaciones a sus derechos durante y en la detención en las estaciones migratorias, las cuales consideró como cárceles donde se les priva de su libertad; son sometidos a niveles de violencia sin precedentes durante su tránsito; se les niega el registro de sus hijos nacidos en México, entre otros. (ACOSUR).
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